Solicitudes

El Salvador

Las fechas límite de respuesta a las solicitudes de información serán actualizadas debajo de cada tecnología conforme avancen los procesos.

Conozca acá el proceso de acceso a información y sus plazos.

Tecnologías seleccionadas:

En El Salvador hemos seleccionado 3 categorías de recursos tecnológicos con capacidades de vigilancia o seguimiento sobre la población. En este sentido, con el liderazgo de IDHUCA estamos solicitando información a las instituciones correspondientes respecto a softwares o aplicaciones informáticas; equipos e infraestructura de videovigilancia o seguimiento; y, bases de datos personales y estadísticos.

Si bien algunos de estos recursos se han adquirido como parte de la estrategia para contrarrestar los efectos de la pandemia, otros se han obtenido –o se está planificando su obtención– bajo poco escrutinio público.

¿Por qué fueron seleccionadas?

Estas tecnologías representan una grave amenaza contra los derechos de las personas, su intimidad o privacidad, principalmente, porque su uso no está regulado legislativamente. Asimismo, tampoco se conoce suficiente sobre sus finalidades, alcances y límites, ni sobre las formas en que han sido adquiridas o desarrolladas, ni quiénes son los proveedores ni cuánto dinero se ha invertido exactamente; mucho menos se conoce sobre sus políticas o planes de uso, ni de protocolos de protección de datos personales.

Contexto y antecedentes:

Desde hace algunos años, en El Salvador se ha intentado regular el uso de las nuevas tecnologías dentro de algunos ámbitos de la vida económica, social y cultural.

En este esfuerzo, por ejemplo, se puede citar la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en 2011, que contiene un capítulo dedicado a la protección de los datos personales de las personas usuarias, que hayan sido obtenidos por la Administración Pública a través de sistemas informáticos destinados a gestionar el acceso a servicios públicos. En la misma línea, se aprobó la Ley de Firma Electrónica en 2015, la Ley de Comercio Electrónico en 2019 y, en medio de la pandemia, la Ley de Teletrabajo en 2020. Actualmente, la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa está por elevar a plenario para su aprobación los proyectos de Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley para la Creación de la Autoridad Nacional Digital.

Sin embargo, ninguna de estas leyes y proyectos de ley regula adecuada y suficientemente la adquisición, uso y control de los softwares de datos biométricos, cámaras de vigilancia u otras herramientas informáticas para la detección de personas ni tampoco, de forma explícita, la administración de los datos personales que el Estado puede obtener a través de tales insumos o herramientas.

Desde hace algunos años, la Administración Pública salvadoreña habría estado invirtiendo en la adquisición de recursos tecnológicos para mejorar la prestación de sus servicios en múltiples ámbitos de su funcionamiento: por ejemplo, desde agilizar la captura de datos en la gestión de documentos personales, pasando por mejorar el control sobre la jornada laboral de los servidores públicos, hasta ampliar las posibilidades de identificación de las personas.

No obstante, actualmente se ha mostrado un mayor interés por llevar esta inversión a montos más elevados y, con ello, adquirir o desarrollar un mayor número de recursos tecnológicos con capacidades de vigilancia, tanto durante como después de la pandemia y no solo para aspectos sanitarios.

Así, por ejemplo, se ha adquirido un software de datos biométricos o reconocimiento facial. En el transcurso de la pandemia, las autoridades de seguridad se habrían preparado para implementar uno de los Memorandos que firmó con Estados Unidos sobre asuntos migratorios, en 2019, específicamente, el que regula al intercambio de información biométrica y otros datos personales. Además, como estrategia de contención del virus y de atención de pacientes contagiados, las autoridades de salud también invirtieron en equipos tecnológicos con capacidad de reconocimiento facial, que fueron destinados al Hospital El Salvador, el hospital nacional construido exclusivamente para COVID-19. Este tipo de software de reconocimiento facial también habría sido utilizado en la realización de la prueba académica AVANZO, que tuvieron que rendir el estudiantado del último año de bachillerato, a nivel nacional. Asimismo, dado que las clases están siendo virtuales, el Estado decidió implementar el programa de entrega de computadoras portátiles a estudiantes del sistema público de educación; computadoras que cuentan con un software de seguridad que permite rastrear su ubicación, aún estando apagada.

De igual forma, se ha invertido en la adquisición de cámaras de videovigilancia y se habría anunciado la adquisición de aún más, así como de otras herramientas que facilitan la detección de personas. Mientras en el ámbito de la salud varios hospitales nacionales se habrían equipado con cámaras, en el ámbito de la seguridad pública se utilizaron drones para detectar y capturar personas que intentaban ingresar al territorio nacional por “puntos ciegos” (lugares sin controles migratorios ni aduanales), durante el cierre de fronteras motivado por la cuarentena domiciliar obligatoria que se impuso. En suma, el estado ha anunciado una gran inversión en la compra de tecnología de vigilancia para empezar con la fase tres del Plan Control Territorial, el actual plan de seguridad pública; una tecnología que vendría a sumarse a la ya existente, cuyo uso está exento de regulación legislativa, en la actualidad, y puede ser promotora de dinámicas autoritarias.

Finalmente, este contexto también ha generado una multiplicación en la construcción de bases de datos que contienen información personal. Muchas de estas bases se destinaron a la atención sanitaria de la pandemia, pero otras a la mitigación de sus efectos socioeconómicos. Para apoyar estos últimos efectos, específicamente los provocados por la cuarentena domiciliar obligatoria, el estado entregó $300 a 1.5 millones de familias, que se seleccionaron al cruzar la información de múltiples variables socioeconómicas de las personas. De igual manera, dentro de los programas de telemedicina, para la atención de pacientes con sospechas o contagiados, y de vacunación, las autoridades de salud están creando múltiples bases de datos personales, cuyo resguardo y uso adecuado debería ser prioritario.

Para más información ver: El IDHUCA ha monitoreado la evolución de esta temática y ha realizado dos acciones de incidencia en la temática. Para conocerlas ingrese aquí: https://www.uca.edu.sv/idhuca/

¿Cuáles podrían ser las eventuales consecuencias de la aplicación de estas tecnologías sin la debida transparencia?

Considerando el contexto del país, las tecnologías con capacidades de vigilancia que sean implementadas sin la debida transparencia podrían generar vulneraciones de los derechos humanos. Así mismo, existe el riesgo de que sean utilizadas para para controlar, atacar o reprimir a opositores políticos, periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos, junto a sus familias.

Para ver la solicitud, hacé click aquí: