Solicitudes
Chile
Las fechas límite de respuesta a las solicitudes de información serán actualizadas debajo de cada tecnología conforme avancen los procesos.
Conoce acá el proceso de acceso a información y sus plazos.
Hace click acá para seguir el estado de las solicitudes.
Tecnología seleccionada:
En Chile hemos seleccionado una tecnología con capacidades de vigilancia sobre la cual queremos conocer más. Con el liderazgo de Derechos Digitales estamos solicitando información a las instituciones correspondientes respecto a las siguientes tecnologías:
CoronApp:
La aplicación para smartphones promovida por el gobierno para recolectar y entregar información asociada a la pandemia
Comisaría Virtual
El sitio web a través del cual la policía uniformada autoriza romper las condiciones de cuarentena o toque de queda.
¿Por qué fue seleccionada?
La aplicación CoronApp fue planteada como una solución tecnológica para concentrar los servicios del Estado durante la pandemia. Para ello requiere la entrega y el procesamiento de datos personales sobre los cuales no existe claridad sobre su protección, destino y uso.
Contexto y antecedentes:
Chile es uno de los países que ha insistido por décadas en la idea de la transformación digital y en la mejora de la eficiencia del Estado mediante las tecnologías digitales. A pesar de múltiples “agendas digitales”, no existe una visión clara respecto de ese esfuerzo modernizador.
En la última década se han adquirido tecnologías para la vigilancia de manera dispersa por distintas autoridades estatales, incluyendo las policías, algunas alcaldías, y algunas intendencias regionales. Sin embargo, no existe una conducta uniforme ni un proceso unificado de adquisición de dichas tecnologías, como tampoco lineamientos estatales para esas compras o implementación.
Para más información ver: La organización Derechos Digitales ha publicado investigaciones y artículos referentes al uso de tecnologías de vigilancia y sus implicancias en los derechos humanos. La organización ha publicado una «Propuesta de estándares legales para la vigilancia en Chile» (2018) así como diversas publicaciones regulares sobre el tema.
¿Cuáles podrían ser las eventuales consecuencias de la aplicación de estas tecnologías sin la debida transparencia y control?
La utilización de esta tecnología sin los controles necesarios levanta alertas y preocupación sobre el posible intercambio de datos en el Estado sin transparencia, que a su vez crean información sobre las personas en secreto.
La desprotección de datos personales y su uso ilegítimo puede llevar al perfilamiento de determinadas personas por el Estado, con fines hoy desconocidos e ilegales. Una situación de alarma ya ocurrió en 2020, cuando las personas fueron autorizadas por ley a retirar parte de sus fondos de pensiones como forma de respuesta a la crisis económica. Ante esto, el Ministerio de Hacienda pidió la identificación de las personas a las administradoras (privadas), lo que fue autorizado por la Superintendencia de pensiones. La solicitud inicial fue bastante cuestionada, pero la información fue finalmente entregada por considerarse legal. Aunque la finalidad declarada aludía a fines estadísticos, la información recabada permitía identificar a las personas y cruzar los datos con otras bases de datos acerca de las situaciones individuales de empleo de dichas personas.
Este caso visibiliza que, a pesar de que a menudo se declara la finalidad del tratamiento de los datos, como exige la ley especialmente en relación al consentimiento, las autoridades estatales suelen pedir o intercambiar información en base a autorizaciones amplias de la legislación. Existen situaciones incluso, donde a falta de autorización individual o legal se hace un traspaso entre autoridades mediante convenios. Esto sugiere que los fines de las autoridades pudieran primar sobre las finalidades que amparan la recolección inicial de datos y genera graves riesgos de realización de perfilamientos.
Lo referido genera dudas respecto a la posibilidad del uso de información personal recabada mediante la CoronaApp, en tanto se solicitan datos que permiten identificar a las personas como el nombre, DNI y edad, sin existir una limitación sobre los usos ulteriores. Por otro lado, la posibilidad de que se alteren las funcionalidades de estas tecnologías a través de cambios no previstos por las personas usuarias (“Mission Creep”). Esto podría suceder, por ejemplo, a través de cambios directos, como la posibilidad de realizar seguimiento de movilidad, o cambios indirectos, como que la información recabada sea compartida con autoridades no relacionadas al Ministerio de Salud. Esto podría alterar las evaluaciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad y, con ello, el impacto en los derechos humanos. Lo mismo sucede con la Comisaría Virtual: sin claridad sobre sus condiciones de procesamiento, una herramienta administrativa puede convertirse en un mecanismo de perfilamiento y vigilancia.
Finalmente, es preocupante la repetición de un patrón de adquisición y/o producción de tecnologías digitales para la vigilancia como parte de funciones estatales de diverso tipo, sin reflexión, sin lineamientos, sin evaluaciones de impacto, y sin posibilidad real de oposición a ese uso.
